POSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

PARTICIPANTES EN LOS CONVERSATORIOS

sobre el tema de la cooperación internacional y

su gestión en la actual coyuntura política

Las Organizaciones participantes en los conversatorios que analizaron la gestión de la cooperación internacional en la actual coyuntura política, saludamos la apertura del gobierno de escuchar y hacer visible la opinión de la sociedad civil en relación con este tema. Apreciamos que se trata de un momento de trascendencia en el país por la perspectiva de construir un modelo político y social participativo que permita involucrar un amplio espectro de actores sociales en la definición de los horizontes fundamentales de desarrollo del Ecuador.

Tenemos la convicción de que la gestión de la cooperación internacional se debe realizar desde algunos principios fundamentales:

1. Es necesario vincular los procesos y las dinámicas propias de la cooperación internacional en el Ecuador a un análisis global que tenga en cuenta la compleja interrelación entre las condiciones nacionales, las regionales y los factores internacionales que configuran el mundo contemporáneo, y que integre todos los ámbitos de la vida: social, político, económico, cultural, ambiental. La existencia de la cooperación internacional es síntoma de problemas estructurales mundiales tal como lo demuestra el papel que ha jugado en el pasado y que ha sido preponderantemente de subsidiariedad, de reemplazo del Estado. La perpetuación de la cooperación internacional indica la persistencia de estas condiciones estructurales y de un modelo de desarrollo global profundamente inequitativo y excluyente.

2. Es urgente recuperar la visión de integralidad en el tratamiento de la cooperación internacional de tal manera que se tomen en cuenta todas las formas que hoy implican transferencias de fondos y recursos en concepto de cooperación, es decir, la ayuda pública y privada, la cooperación reembolsable y no reembolsable, la cooperación multilateral, bilateral, descentralizada etc.

3. La transferencia e inversión de los recursos de la cooperación se debe realizar en función de un plan de desarrollo nacional. Ello implica repensar el modelo de desarrollo del país e integrar la cooperación internacional en el proceso de planificación del plan general. Tiene que estar ligada a una política de estado redistributiva, estructural, que canalice los recursos nacionales hacia las regiones que presentan mayores necesidades e índices de exclusión, principalmente hacia las zonas rurales. La inversión de recursos debe tener en cuenta el carácter multicultural de nuestro país de modo de garantizar el acceso de todos los grupos socioculturales a sus beneficios. Tiene que realizarse con el total respeto de las condiciones y características socioculturales y organizativas de la población ecuatoriana. Por fin, la formulación de los planes de desarrollo y la distribución de recursos deben contar necesariamente con la participación de las organizaciones sociales.

Nuestra lectura de lo que ha sido la gestión de la cooperación internacional en el Ecuador en las últimas décadas señala los siguientes puntos:

a. Ecuador no ha contado con una política de cooperación soberana lo que ha dado lugar a abusos, disparidades e imposición de innumerables condicionalidades por parte de los actores internacionales que han intervenido con préstamos o con donaciones. Así lo demuestran entre otros aspectos: el endeudamiento extremo del país, la implementación de los ajustes estructurales impuesta por los organismos multilaterales, la preponderancia de una política de préstamos en detrimento de la cooperación no reembolsable y otros condicionamientos que han acompañado un sinfín de programas y proyectos financiados con fondos externos. Ello se ha llevado a cabo, en muchas ocasiones, con falta de transparencia por parte de los gobiernos de turno y de las instancias estatales encargadas. Por fin, el reparto de los recursos en el país se ha realizado en la mayoría de los casos sin criterios de distribución equitativa, lo que ha resultado en disparidades y concentración de fondos en las regiones con mayor capacidad de negociación y de influencia política.

b. La institucionalidad del Estado encargada de coordinar la cooperación internacional se ha caracterizado por la dispersión, ya que distintos ministerios o entidades públicas han manejado categorías diferentes de la ayuda sin mantener criterios y mecanismos para una visión y un tratamiento integrales. Ha existido poca claridad sobre las competencias que tiene cada uno de los actores involucrados, además de niveles técnicos muy bajos que han restado eficacia y eficiencia a la gestión. La gestión de la cooperación internacional se ha realizado sin contar con herramientas y sistemas de indicadores seriamente establecidos y concertados, que permitan el monitoreo y la evaluación de los programas y proyectos desarrollados.

c. Respecto de la sociedad civil y sus representaciones, queda claro que su participación en los grandes procesos de negociación ha sido escasa o hasta nula. No han existido mecanismos que permitan la participación del conjunto de los actores sociales en las decisiones fundamentales sobre la cooperación internacional y en la definición y formulación de las políticas nacionales de cooperación. Por otro lado, las organizaciones sociales han acumulado un amplio abanico de experiencias exitosas en los ámbitos locales, sin embargo, ellas han sido escasamente valoradas y poco incorporadas al quehacer del Estado dentro de sus planes de desarrollo.

A la luz de lo expresado, las organizaciones presentes manifestamos nuestro interés de conformar una mesa de diálogo con el gobierno, cuya agenda nos permita abordar y trabajar los puntos señalados anteriormente.

Aspiramos poder construir junto con el gobierno una propuesta de marco normativo e institucional que regule y permita desarrollar la cooperación internacional, además de establecer niveles claros de participación y autonomía de la sociedad civil.

Aspiramos, en suma, participar en la definición de una política de estado en materia de cooperación internacional y que se constituya en un proyecto a ser presentado a la próxima Asamblea Constituyente.